Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Servicio Informativo Iberoamericano Agosto 1999 (2)

Panamá

Al negarse a sanear a satisfacción sus bases militares

Estados Unidos podría dejar en Panamá artefactos peligrosos

El gobierno panameño mantiene una última carta bajo la manga: acudir a tribunales internacionales y obligar a Estados Unidos a cumplir con convenios sobre la limpieza de municiones y armas químicas

El retiro de Estados Unidos en la zona del Canal no está exento de peticiones por parte de Panamá para que descontamine sitios donde hay municiones. Fotografía tomada de http://www.epasa.com/critica/historia/canal.html

Por Arnulfo Barroso, corresponsal del Servicio Informativo Iberoamericano de la OEI, Ciudad de Panamá, Panamá.

La polémica que mantienen Panamá y Estados Unidos desde hace meses por el saneamiento de las bases militares en las riberas del Canal se ha tornado más agria en las últimas semanas, debido a la entrega de sitios de defensa contaminados con municiones vivas, el temor de que los estadounidenses no cumplan con esta obligación cuando expiren los Tratados Torrijos-Carter y las lesiones que sufrió un joven por una granada abandonada en lo que es hoy un proyecto de reforestación.

El tema ha originado por primera vez airadas protestas del gobierno panameño hacia su similar de Estados Unidos, en las que advierte que podría acudir a organismos internacionales para interponer una demanda que garantice el saneamiento total de 3.175 hectáreas contaminadas con municiones sin detonar.

Las advertencias han provenido del más alto nivel, incluyendo al presidente Ernesto Pérez Balladares, quien afirmó que Panamá recibirá las áreas contaminadas en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, pero que esto no exime a Estados Unidos de sanear estos sitios después del 31 de diciembre de 1999, cuando abandonen Panamá, y a pagar indemnizaciones a los que resulten afectados con ellas.

La manzana de la discordia es la interpretación que ambos gobiernos dan a un artículo de los Tratados Torrijos-Carter, que dice que Estados Unidos está obligado a sanear las bases militares "hasta donde sea viable". El alcance de esta frase es lo que mantiene a los gobernantes de estos países enfrascados en discusiones que parecen interminables.

El artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Tratado del Canal de Panamá dice textualmente: "A la terminación de cualquier actividad u operación conforme a este acuerdo, Estados Unidos estará obligado a adoptar todas las medidas hasta donde sea viable, para que toda amenaza a la vida, salud y seguridad humana sea removida de cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo en la fecha en que cese la autorización para su uso por parte de la fuerza de Estados Unidos".

Panamá ha dicho que Estados Unidos hace una interpretación unilateral de este artículo para dar por terminada su responsabilidad en territorio panameño una vez cumpla con la limpieza de las bases hasta donde ellos consideren viable. No obstante, el gobierno panameño insiste en que el saneamiento debe abarcar varios metros de profundidad para garantizar que estas áreas puedan ser utilizadas para diferentes actividades económicas. Mientras que el estadounidense plantea que las municiones sin detonar están en áreas boscosas de difícil acceso y que su limpieza total implicaría la destrucción de amplias hectáreas de bosques vírgenes, por lo que recomienda que estos sitios se mantengan como reservas naturales, con letreros que adviertan a las personas que no deben ingresar a los mismos para evitar una tragedia.

El gobierno estadounidense ha asegurado en reiteradas ocasiones que ha hecho "lo posible" en lo que a limpieza de bases se refiere, pero el panameño no acepta esta versión y exige a Estados Unidos que haga uso de su tecnología para cumplir con su obligación. La discusión subió de tono cuando a principios del mes de julio el joven de 17 años de edad, Kelvin Pérez Sánchez, detonó una granada de mano que le cercenó un ojo y causó otras lesiones en su anatomía, cuando clavaba una estaca en el sembradío en el que trabaja.

Pérez Sánchez es un humilde campesino que labora en una empresa que adelanta un programa de reforestación en los terrenos de la antigua base militar de Río Hato, instalación que el Ejército de Estados Unidos ocupó en Panamá en la década de 1930 para defender el Canal de posibles ataques durante la Segunda Guerra Mundial. En la antigua base militar se realizaron ejercicios de tiro y un número indeterminado de municiones quedaron sin detonar. Panamá recibió estas instalaciones sin sanear a cabalidad y ya varios panameños han sido víctimas de las detonaciones.

El gobierno panameño ha anunciado que dará todo su apoyo en el campo diplomático para que Pérez Sánchez logre una justa indemnización de Estados Unidos, cuya misión diplomática ha guardado un estricto silencio sobre este caso. Durante la presencia de Estados Unidos en Panamá han muerto 21 panameños a causa de municiones sin detonar en áreas militares. La historia panameña registra únicamente la indemnización de 5.000 dólares que pagó el gobierno estadounidense a los familiares de Agustín Cruz, un recolector de latas que murió al ingresar al polígono de tiro de Nuevo Emperador (ubicado dentro de las bases militares) en busca de cobre.

El que contamina paga

Las autoridades panameñas mantienen la tesis de que el que contamina paga. Bajo esta premisa, el copresidente del grupo bilateral de trabajo para el saneamiento de las bases militares, Fernando Manfredo, declaró que Panamá, como Estado, exigirá a Estados Unidos 500 millones de dólares en indemnización por las 3.175 hectáreas que no han sido saneadas. Estas declaraciones se constituyen en las primeras de esta naturaleza que emite el gobierno panameño. "Nosotros esperamos que Estados Unidos compense a Panamá por lo que va a costar la administración de esas áreas y lo que va a costar la eventual remoción de las amenazas", afirmó Manfredo.

El presidente Pérez Balladares no ha sido tan categórico en este sentido, pero sí ha dicho que Estados Unidos es responsable de remover todos los materiales que constituyan un peligro para la vida y que deben indemnizar a quienes resulten afectados por esta situación. Sin embargo, esta posibilidad no ha caído bien a los oídos de altos funcionarios estadounidenses quienes afirman que su país ha hecho "todo lo posible" para sanear las áreas contaminadas y que Panamá recibirá a cambio instalaciones militares y un canal valorados en miles de millones de dólares. Inclusive, algunos voceros estadounidenses han insinuado que Estados Unidos podría apelar a un artículo de los Tratados del Canal que dice que Panamá estaría obligada a pagar un valor residual por los equipos que ellos se vean forzados a dejar en territorio panameño. El monto de la indemnización que pide Panamá se desglosa en 480 millones de dólares para la limpieza de las 3.175 hectáreas que permanecen contaminadas y un millón adicional para el patrullaje, mantenimiento y vigilancia de esta área.

Panamá aspira a lograr un acuerdo similar al que firmó Estados Unidos con Canadá, un país en donde el nivel de contaminación no es tan alto como en los polígonos panameños, a través del cual los canadienses recibieron 100 millones de dólares en indemnización. Hawai también logró que Estados Unidos le asignara 400 millones de dólares para labores de limpieza. Las televisoras panameñas han mostrado en las últimas semanas imágenes de manifestaciones en la isla de Vieques, en Puerto Rico, donde la comunidad exige que el Ejército estadounidense suspenda inmediatamente las prácticas con municiones vivas que realiza desde hace varias décadas y que recientemente produjeron la muerte de un humilde trabajador.

En Panamá, otra de las quejas que esgrimen las autoridades panameñas es que el gobierno norteamericano, a sabiendas de que la descontaminación de bases toma entre ocho y doce años, inició con tan sólo ocho meses de anticipación este proceso en los polígonos que han revertido a los panameños. Sin embargo, el tiempo que puede durar la descontaminación es un punto que ha levantado también polémica. Por ejemplo, el experto en descontaminación de Estados Unidos, Rick Stauber, afirma que esta tarea en Panamá demoraría unos 20 años, debido a que el 90% de las áreas contaminadas está bajo una espesa vegetación que dificulta las labores. Opinó que el principal problema que enfrentan las fuerzas armadas estadounidenses en Panamá es que los radares y detectores de metal no llegan hasta las espesas selvas. Los lugares que más contaminación presentan son los polígonos de tiro de Emperador, Balboa y Piña, que es donde están las 3,175 hectáreas que no han sido saneadas a satisfacción.

Pero hay otros lugares, que Estados Unidos utilizó para prácticas de tiro desde tiempos tan remotos como la Segunda Guerra Mundial, como Río Hato, un pequeño pueblo de pescadores ubicado en el centro del país y a muchos kilómetros de distancia de las bases militares en las riberas del Canal y las islas San José e Iguana, en el Pacífico, que fueron sometidas a intensas pruebas de tiro y hasta a prácticas con armas químicas, como han denunciado grupos ambientalistas panameños y estadounidenses. En estos lugares se han encontrado bombas de todo tamaño, municiones vivas, granadas de mano, cohetes y morteros. Pero grupos como Fellowship of Reconciliation (FOR) han denunciado que los militares norteamericanos realizaron en Panamá en las década de 1940 y 1960 prácticas con gas Mostaza, Sarín y VX, que son de una alta peligrosidad y que pueden matar a una persona en pocos minutos.

FOR también ha señalado que en Panamá se hicieron maniobras con el gas Cloruro de Cianógeno CK, que es capaz de paralizar el sistema nervioso y causar la muerte, así como con uranio empobrecido, denuncias que han sido negadas por voceros del Ejército de Estados Unidos. FOR ha denunciado a lo interno de Estados Unidos y en otros países del mundo que el gobierno estadounidense practica la discriminación con los panameños, al no darles el mismo tratamiento que a sus ciudadanos en materia de descontaminación de bases militares.

Internacionalizar la lucha

El gobierno panameño parece guardar una carta bajo la manga, al reservarse el derecho de demandar a Estados Unidos con base en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, que fue ratificado por ambos países. La convención, firmada en Francia, señala que: "Por armas químicas se entiende conjunta o separadamente: las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante propiedades tóxicas de las sustancias específicas". En el documento se contemplan también las obligaciones que mantiene un Estado con otro en materia de limpieza de los territorios utilizados para depositar estas municiones o dispositivos.

En caso de que Panamá apele a esta convención, Estados Unidos se vería forzado a declarar ante los países signatarios 30 días después del abandono de las áreas contaminadas, si mantiene cualquier arma química o si se deja algún tipo de estas armas en el país afectado. Además deberá especificar el lugar exacto en donde se encuentran las armas químicas y entregar un inventario de todos los materiales de esta naturaleza que haya usado en el país afectado.

La convención establece que: "Todo Estado parte (en este caso Panamá) en cuyo territorio haya armas químicas de que tenga propiedad o posesión otro Estado, se esforzará al máximo para que se retiren las armas de su territorio un año después, a más tardar, de la entrada en vigor de la presente convención. Si estas armas no son retiradas en el plazo de un año, el Estado parte podrá pedir a la Organización y a los demás Estados Partes que le presten asistencia en la destrucción de esas armas". Las autoridades panameñas han denunciado que su contraparte estadounidense en la comisión de descontaminación no les ha permitido participar en la elaboración del informe sobre el grado de contaminación de los polígonos, ni en la confección del programa de limpieza.

Irónicamente, Estados Unidos esgrime la defensa de la vegetación que bombardeó durante años como el principal impedimento para remover las municiones que se mantienen sin detonar. Mientras tanto, la fecha en que los militares estadounidenses abandonarán definitivamente Panamá se sigue acercando, y algunos sectores exigen al gobierno panameño que actúe con rapidez y energía, ya que ven como algo remoto la posibilidad de que Estados Unidos cumpla con su obligación una vez haga maletas y se vaya de territorio panameño luego de más de un siglo de presencia militar.

OEI

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