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Los casos de justicia por mano
propia conmueven a Ecuador periódicamente. Aunque la pena de
muerte está contemplada en las normas indígenas, sólo
se aplica en casos extremos. El proceso se inicia en el consejo de la
familia, luego en un consejo comunitario, después pasa al
cabildo, y es toda la comunidad la que decide la sanción tras el
juicio. Pero la justicia por mano propia no sólo se aplica en las
comunidades indígenas. En ocasiones, cuando una persona es
sorprendida cometiendo un delito, es agredida sin fórmula de
juicio, muchas veces hasta su muerte.
También hay casos en que la justicia indígena entrega a
sus acusados a las autoridades. Por ejemplo, en agosto de 1999, dos
Comunidades indígenas de Angahuana, un pueblo de la provincia de
Tungurahua en la sierra central, cercano a Quito, mantuvieron detenidas
a seis personas acusadas de robar automóviles. Los detenidos
durmieron en pequeñas casetas prefabricadas a un costado de la
plaza principal del pueblo y los comuneros les iniciaron juicios de
acuerdo a las leyes indígenas, pero luego fueron entregados a las
autoridades policiales.
La Constitución, aprobada en 1997, reconoce la aplicación
de la justicia indígena en esas comunidades, pero el Congreso aún
no dictó las leyes que la regulen.
''Nuestra administración de justicia está amparada en la
Constitución. No secuestramos a nadie, sólo queremos
información para llegar a los pandilleros que causan robos y
asesinan en nuestras comunidades'', aseguraron los indígenas de
Angahuana.
Las autoridades provinciales temieron que sucediera algo similar a lo
ocurrido días antes en Cayambe, cuando un joven de 15 años
murió quemado por indígenas que lo acusaban de pertenecer
a una pandilla juvenil que ha cometido varios robos en la zona. Más
de 300 indígenas detuvieron al joven, lo bañaron en agua
fría y le aplicaron ortigas, cumpliendo ''el rito purificador''
de la justicia india, y luego lo quemaron.
En 1996 hubo 12 muertos ajusticiados por mano propia, 14 en 1997, 17 en
1998 y 16 en 1999. La diputada indígena Nina Pacari,
vicepresidenta del Congreso, dijo que el castigo o la sanción
impuesta por los indígenas ecuatorianos siempre tiene que ver con
una limpieza corporal, espiritual. ''Está demostrado que la
ortiga tiene propiedades curativas para el sistema nervioso, que tiene
reacciones positivas. Esa limpieza se completa con agua fría'',
señaló.
¿Una justicia colectiva?
Los casos de justicia por mano propia ocurren no sólo en las
comunidades indígenas, sino también en las ciudades. En
octubre de 1999, 60 taxistas de Portoviejo, en la costa del Pacífico,
quemaron a cuatro menores acusados de haber asaltado a un taxi. Dos de
ellos murieron en el lugar y los otros dos resultaron heridos de
gravedad. Días antes, vecinos de las ciudades costeñas de
Machala y Guayaquil, principal centro comercial del país,
lincharon a dos presuntos ladrones que murieron al llegar al hospital.
Pacari aseguró que no es lo mismo un linchamiento en las ciudades
que las medidas tomadas en las comunidades indígenas, que tienen
su marco jurídico propio. ''Somos pueblos originarios, con formas
de vida distintas. Tenemos normas, leyes y formas de administrar
justicia que han sido parte de nuestros mecanismos de sobrevivencia,
distintas a las occidentales'', afirmó.
Según la diputada, las normas jurídicas indígenas
responden a los tres principios básicos de no mentir, no robar,
no matar. ''Nuestra justicia es colectiva, hay un juicio. En los
linchamientos de las ciudades no hay justicia porque la gente
embravecida pega o lastima al delincuente sin que sea juzgado'', subrayó.
Dudas judiciales
En la provincia de Tungurahua en los últimos años se han
realizado varios ajusticiamientos a personas acusadas de haber cometido
asaltos en esa región.
El sacerdote Gonzalo Espinoza, vicario general de la diócesis de
Tungurahua, dijo que aunque es injustificable, el hecho se explica por
el terror al que las bandas de delincuentes han sometido a la población
campesina.
Vicente Chato, dirigente del Parlamento Indígena de Tungurahua, máxima
autoridad india de la provincia, asegura que la justicia del Estado no
es para los indígenas. ''Durante el levantamiento indígena
de julio de 1999, fue asesinada una chica india y ninguna autoridad
investigó. Igual ocurre con hechos como el de las pandillas que
vienen a las comunidades secuestran, roban y matan, pero nadie aplica la
justicia'', afirmó Chato. ''Se trata de una discriminación
solapada hacia los indígenas porque las autoridades ''no hacen
nada por combatir a los delincuentes'', añadió.
Chato asegura que cuando se dan casos como el de Angahuana, el
Parlamento Indígena escucha la posición de los cabildos
comunitarios y acepta la resolución que éstos tomen.
''Nosotros tenemos nuestro propio sistema de gobierno, lamentamos la
ausencia policial, pero no nos podemos sentarnos a esperar'', dice,
aunque las autoridades no comparten tal opinión.
Las provincias de Guayas y El Oro en la Costa, Pichincha, Tungurahua y
Cotopaxi en la Sierra, y Sucumbíos en la Amazonia, son las más
afectadas por ajusticiamientos colectivos, según un estudio del
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Una
encuesta realizada por el organismo humanitario reveló que uno de
cada cinco ecuatorianos está de acuerdo con los ajusticiamientos
por mano propia.
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