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La expedición de una resolución del
Ministerio de Salud que regulaba la tenencia de mascotas en lugares
residenciales, generó una verdadera batalla legal en Panamá
que involucró incluso a la Corte Suprema de Justicia y a un
expresidente de la República, que advirtió que estaría
dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para evitar la
aplicación de esta norma.
La resolución limitaba a dos la tenencia de mascotas en
viviendas unifamiliares y apartamentos, lo que según la
Asociación de Amigos de los Animales ponía en peligro
a cerca de 200 mil mascotas. El movimiento nacional en contra de
esta iniciativa incluyó una inusual manifestación
hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia, en la cual
participaron animales de diferentes especies, así como niños
y ancianos con letreros que pedían la suspensión de la
medida. Al término de esta manifestación se presentó
una demanda contenciosa administrativa de nulidad contra la resolución
022 del Ministerio de Salud.
Pero afortunadamente la Corte no tuvo necesidad de fallar, porque
el Ministerio de Salud accedió, luego de dos meses de
forcejeos legales, a la presión popular y reformó la
resolución, permitiendo la tenencia de mascotas, con la
condición de que éstas fueran vacunadas y vivieran en
un lugar limpio.
Era la primera vez en la historia del derecho penal panameño
que se interponía una demanda contencioso administrativa de
nulidad a favor de los animales.
El acuerdo con el Ministerio de Salud calmó los ánimos
en el país y disipó la amenaza de la Asociación
de Amigos de los Animales de interponer una demanda internacional
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los daños
y perjuicios causados a los dueños de las mascotas.
El recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto ante
la Corte sostenía que el Ministerio de Salud violó el
Código Administrativo panameño al emitir la mencionada
resolución, ya que no tomó en cuenta que trasladar o
eliminar a una mascota de una residencia es un acto de crueldad y
maltrato animal.
Añadía que regular la tenencia de mascotas en
residencias unifamiliares y apartamentos implicaba una acción
que provoca sufrimiento innecesario a los propietarios, la mayoría
de las veces niños o ancianos, a los cuales se les violaría
su derecho de posesión. Otro de los argumentos de la Asociación
de Amigos de los Animales era que la citada resolución
contradecía la Ley 14 de octubre de 1977 que reglamenta la
tenencia de animales en vías de extinción como
iguanas, monos, loros y guacamayas, consignada en la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora Silvestre.
Las autoridades del Ministerio de Salud justificaban la resolución,
señalando que en algunas residencias y apartamentos se han
encontrado desde patos e iguanas hasta cerdos, lo que además
de causar daños a terceros, pone en peligro a los propios dueños
de estas estructuras.
La Asociación de Amigos de los Animales amenazó con
llevar el caso a tribunales internacionales, en base a que el Estado
panameño es signatario de convenios y tratados que consagran
los derechos de las mascotas y de sus propietarios, entre ellos, la
Declaración Universal de los Animales.
Mientras que el Ministerio de Salud sustentaba su medida en el caso
de una joven mujer que estuvo a punto de abortar, porque fue
contagiada de toxoplasmosis por los cerca de 10 gatos que tenía
una vecina.
La causa de las mascotas levantó simpatías en grandes
sectores de la sociedad, incluso los estudiantes de derecho de la
estatal Universidad de Panamá realizaron protestas,
repartieron volantes en los semáforos y cooperaron en la
recopilación de pruebas para combatir en los tribunales la
resolución ministerial.
El movimiento popular y la presentación de la demanda ante
la Corte, motivó inicialmente que las autoridades de Salud
suspendieran las visitas que sus inspectores harían a las
residencias para hacer cumplir la medida.
La presión popular contra la resolución expedida por
el ministro de Salud, José Manuel Terán, llegó
al punto de que su copartidario y expresidente de la República,
Guillermo Endara, quien tiene en su casa, literalmente, cerca de 300
aves que cohabitan con él y su esposa, le declaró públicamente
una guerra legal. Endara encabezó a los defensores de los
animales que se manifestaron en la Corte y retó al ministro
de Salud a que intentara sacar de su casa a sus aves, a las cuales
defendería con su propia integridad física. La
movilización nacional que se dio en Panamá por la
defensa de las mascotas no tiene precedentes en la historia
nacional. Es la primera vez que en el país se unen grupos tan
heterogéneos para defender una causa como ésta.
La lección que dejó la "guerra legal por las
mascotas", es que en el futuro los gobiernos tendrán
mucho cuidado antes de emitir cualquier disposición que
involucre a los animales.
OEI |
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